La práctica de exponer a una persona en las redes sociales acusándola de ser un ladrón, acompañada de su fotografía o datos personales, es una barbaridad que, aunque se presenta como un acto de justicia, en realidad responde a una mentalidad arcaica. Este tipo de exposición pública no solo viola principios fundamentales del derecho penal y constitucional, sino que también resucita formas de castigo que deberían pertenecer a un pasado oscuro, no a una sociedad que se proclama moderna y respetuosa de los derechos humanos.

En el núcleo de nuestro sistema jurídico se encuentra el principio de presunción de inocencia, una garantía que protege a toda persona acusada de un delito hasta que se demuestre su culpabilidad mediante un proceso legal justo y debido. Este principio es un pilar del derecho penal contemporáneo, concebido para prevenir la injusticia y los errores judiciales que podrían llevar a condenar a inocentes. Sin embargo, la práctica de exponer a individuos en redes sociales bajo la etiqueta de «ladrón» constituye una sentencia sumaria emitida sin juicio, sin pruebas debidamente valoradas y sin la más mínima garantía procesal. Este tipo de conducta es, sin duda, una regresión a formas premodernas de justicia, donde la humillación pública y la venganza social prevalecían sobre la razón y el debido proceso.

En épocas pasadas, la humillación pública era un método común de castigo. En la Edad Media y el Renacimiento, los delincuentes eran exhibidos en plazas públicas para ser objeto de burla, escarnio e incluso violencia física por parte de la comunidad. Este tipo de castigo tenía un doble propósito: penalizar al infractor y, al mismo tiempo, disuadir a otros de cometer delitos similares. Sin embargo, con el desarrollo del Estado de Derecho y la evolución de los sistemas penales, estas prácticas fueron abandonadas en favor de procedimientos judiciales que respetan la dignidad humana y buscan la rehabilitación del infractor en lugar de su degradación.

El resurgimiento de esta forma de «justicia» en el contexto de las redes sociales es alarmante. Las plataformas digitales, que han revolucionado la comunicación y el acceso a la información, se han convertido también en espacios donde la justicia se distorsiona, convirtiéndose en una herramienta de linchamiento público. El problema con estas exposiciones no solo radica en su injusticia inherente, sino también en su irreversibilidad. Una vez que la acusación se hace pública en redes sociales, la imagen y la reputación de la persona señalada quedan dañadas de manera casi irreparable, incluso si posteriormente se demuestra su inocencia.

Además, este tipo de prácticas ignora por completo las salvaguardas legales que existen para proteger a las personas de acusaciones infundadas o maliciosas. El derecho a la honra, la privacidad y la presunción de inocencia son derechos fundamentales que están no solo en leyes ordinarias, sino en disposiciones constitucionales y de tratados internacionales. La violación de estos derechos mediante la exposición pública en redes sociales no solo es ilegal, sino que también contraviene los principios éticos que deben guiar el comportamiento en una sociedad civilizada.

Es importante destacar que esta forma de exposición pública no tiene cabida en un sistema legal que se basa en la rehabilitación y no en la venganza. El objetivo de la justicia penal moderna no es humillar al infractor, sino reformarlo y reinsertarlo en la sociedad de manera que pueda contribuir positivamente al bien común. La estigmatización pública, en cambio, solo sirve para perpetuar el ciclo de exclusión y marginación, dificultando la rehabilitación y aumentando las probabilidades de reincidencia.

Además de las implicaciones legales y éticas, la exposición pública de individuos en redes sociales bajo la acusación de robo también plantea serios problemas desde el punto de vista de la seguridad. Abundan los casos de linchamientos y agresiones a personas erróneamente acusadas en diversas partes del mundo, y las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de información falsa o no verificada que ha llevado a estas tragedias.

La justicia no debe ser un espectáculo ni una cuestión de venganza popular. La exposición pública y la humillación como formas de castigo fueron abandonadas por una razón: son inhumanas, ineficaces y contrarias a los principios de un Estado de Derecho. La justicia debe ser imparcial, basada en pruebas, y administrada por los tribunales que tienen la competencia y la autoridad para hacerlo. Al trasladar estas decisiones a la esfera pública, a través de las redes sociales, se corre el riesgo de convertir la justicia en una mera parodia, donde el juicio de la multitud prevalece sobre el juicio legal.

La tecnología y las redes sociales tienen un potencial enorme para promover la justicia y los derechos humanos, pero solo si se utilizan de manera responsable. En lugar de permitir que se conviertan en herramientas de linchamiento y humillación, debemos promover su uso para educar, informar y empoderar a los ciudadanos. Esto incluye fomentar un entendimiento más profundo de los principios legales y los derechos fundamentales que protegen a todos, independientemente de la gravedad de las acusaciones que puedan enfrentar.

Asimismo, es imperativo que las autoridades legales actúen con firmeza para proteger a los ciudadanos de este tipo de violaciones. Esto incluye no solo la persecución de quienes difunden información falsa o dañina, sino también la promoción de campañas de concienciación sobre los riesgos y consecuencias legales de estas acciones. La educación en derechos humanos y en el uso responsable de las tecnologías es clave para prevenir que estas prácticas se conviertan en una norma aceptada.

En este contexto, resulta pertinente referirse a las recientes declaraciones de Celso Marranzini, quien en un artículo publicado en Diario Libre afirmó que «en el país se lleva el hurto en el ADN». Esta afirmación, aunque quizás motivada por un legítimo enojo ante los problemas de robos en el sector eléctrico, pone de manifiesto una peligrosa tendencia a estigmatizar a individuos o grupos sin un juicio justo, y a alimentar una narrativa que podría justificar, a los ojos de algunos, la exposición pública y humillación de presuntos infractores en redes sociales. Es vital recordar que, aunque la frustración ante ciertos delitos sea comprensible, no podemos permitir que dicha frustración nos arrastre de vuelta a métodos de «justicia» que desprecian el debido proceso y los derechos fundamentales.

La práctica de exponer a individuos en redes sociales como ladrones es una barbaridad que responde a formas arcaicas de justicia que ya deberían haber sido superadas. Con la simple amenaza de exponer públicamente a un presunto deudor en las redes sociales, se viola gravemente el principio de legalidad que debe guiar toda actuación administrativa. El procedimiento administrativo sancionador no es una excepción en la necesidad de garantizar el debido proceso, y precisamente la administración pública, al imponer sanciones, debe actuar dentro de los límites establecidos por la ley, garantizando que el presunto infractor tenga la oportunidad de defenderse, que se valoren adecuadamente las pruebas y que se respeten los principios de proporcionalidad y legalidad. La intervención de las redes sociales como una especie de «tribunal paralelo» no solo socava estos principios, sino que también erosiona la confianza en las instituciones públicas, que deben ser vistas como garantes de la justicia y no como vehículos de arbitrariedad.

Pese a estar de acuerdo con que el fraude eléctrico en todas sus modalidades debe ser castigado severamente, llama a preocupación que se pretenda ignorar el debido proceso y que, en su defecto, se invoque la ejecución de una sanción medieval. Igual preocupa que quien haga el señalamiento en ese sentido sea un funcionario de una institución tan vital para el desarrollo del país. Esta conducta no solo viola principios fundamentales del derecho penal, administrativo y constitucional, sino que también representa un peligro para la seguridad y el bienestar de las personas. La justicia no puede ni debe ser administrada por la multitud, sino que debe ser el resultado de un proceso legal justo, imparcial y respetuoso de los derechos ciudadanos. Es responsabilidad de todos asegurar que las herramientas de la modernidad no se conviertan en vehículos de injusticia y barbarie.

Luis Decamps Blanco