Debo iniciar reconociendo, quizás como un mea culpa inocente pero necesariamente empático, que tengo de dos condiciones que algunos podrían pensar que me desautorizan para realizar algún análisis o comentario respecto a la profunda crisis que afecta a hermana República Bolivariana de Venezuela: la primera es que no tengo la fortuna de pertenecer a la hermosa patria de el Libertador; la segunda es que pertenezco al subgrupo milénico nacido justo a la mitad de esa generación, por lo que he tenido la dicha de vivir toda mi vida bajo el manto de los mejores valores y mieles de la democracia: dignidad, respeto a la soberanía y autodeterminación de la voluntad personal y, por si fuera poco, a no conocer otra cosa que no sea la libertad y la perpetua búsqueda de mayor y mejor democracia.

Confieso, por igual, que con mucho esfuerzo, pero siempre apegado a mis principios personales y profesionales, para escribir esto he tenido que «despojarme de mi cabeza»; mis creencias y posturas ideológicas -contrarias por demás a las del presidente Nicolás Maduro Moros-. Ninguna persona sensata apoyaría gobiernos autoritarios, intentos de desconocer la soberanía popular, ni mucho menos la intención de coartar los derechos a la libertad y a la protesta pacífica. Pero tampoco apoyaría que, sin evidencias demostrables y contrastables, se intente, por cualquiera de los bandos en discordia, violentar la autodeterminación del pueblo venezolano, por mucho que pueda tener apariencia de fraude.

En los últimos años, el panorama político de Venezuela ha sido el foco de un intenso escrutinio y un agudo arbitraje internacional que, a juicio del suscrito, raya en la intrusión. El último capítulo de este lamentable emprendimiento se desarrolló con el reciente intento fallido de aprobar el proyecto de resolución CP/DOC/6032/24 de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que, entre otras cosas, instaba al Consejo Nacional Electoral de ese país a que publicara «inmediatamente los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral» y a llevar a cabo «una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones de observación independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados electorales», esto último, según el proyecto, solicitado por «actores políticos venezolanos relevantes».

Pese a que ese organismo tiene una larga historia de promoción de la democracia y a que su carta enfatiza la soberanía de los Estados miembros, la no intervención y la resolución pacífica de los conflictos, con el caso de Venezuela sus intentos de «arbitraje» a menudo se perciben como acciones políticamente motivadas por países que alinean sus intereses con los Estados Unidos de América. Parecería incluso que ha ido adoptando posturas casa vez más radicales, usando un tono y lenguaje cada vez más hostiles y casi cruzando la delgada línea de la injerencia. ¿Está la OEA realmente luchando por la democracia o está participando activamente por la derrota de los que han gobernado cayendo en la interferencia política?

Un perfecto ejemplo de qué lleva al suscrito a preguntarse lo anterior es que, en momentos donde se debería continuar apelando a la calma y a la solución pacífica e institucional, el secretario general de la OEA, Luis Leonardo Almagro Lemes, anunció el pasado miércoles 31 de julio de 2024 que solicitará a la Corte Penal Internacional que impute a Maduro algunos cargos con orden de aprehensión.

No podemos obviar que las recientes elecciones venezolanas se llevaron a cabo en medio de acusaciones generalizadas de fraude, supresión de votantes y manipulación. La oposición afirmó que el proceso electoral estaba fuertemente amañado a favor del partido de Maduro, resultando en una «victoria» que no fue ni libre ni justa. Pero debemos preguntarnos, ¿es la interferencia política y la injerencia internacional justificada?

En el Derecho Internacional existe un principio que funge como el pilar más respetado y protegido en las relaciones entre Estados: el principio de la no intervención. Violar este principio en tiempos de paz, por apropiado o favorable que pueda parecer en un momento determinado, crea un peligroso precedente para la intervención externa en problemáticas con soluciones exclusivamente internas.

(Aunque resulte odioso en este momento y contexto, siempre es necesario evocar aquel poema de Martin Niemöller, Primero vinieron…, que sirve como un perenne recordatorio de los peligros de la indiferencia y la inacción frente a las injusticias, a las violaciones de derechos y principios democráticos, y a la erosión gradual de la institucionalidad, aunque estemos en evidente desacuerdo con la víctima o el victimario y sus acciones).

Esto no quiere decir, sin embargo, que la presión internacional debe detenerse (las organizaciones regionales como la OEA desempeñan un papel crucial en el abordaje de crisis dentro de sus regiones. Tienen la ventaja de la proximidad, el entendimiento cultural y las relaciones establecida). Lo que no puede hacer ese órgano es constituirse en juez del mundo, ni empeñarse en emprender acciones tendentes a beneficiar a un sector, actuar de manera parcializada y olvidarse de la verdad; debe dirigirse de tal manera que no afecte al propio conglomerado por el que aboga: lo que importa no es cuál bando ganó las elecciones, oficialismo u oposición, lo importante es que haya sido respetada la voluntad de los venezolanos.

Una cosa es no reconocer el triunfo de Maduro ante la aparente comisión de un fraude electoral y hacer un prudente llamado al Consejo Nacional Electoral de Venezuela para que publique las actas íntegras a la mayor brevedad posible y contrastarlas con las de la oposición; otra muy distinta es levantar la bandera del contrario y declararlo ganador con información que no ha sido verificada ni ha pasado el escrutinio del estándar probatorio mínimo: un contradictorio público y transparente. Aunque es probable que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia —a criterio para nada objetivo del suscrito— se haya alzado con la victoria, es imposible afirmarlo con certeza, hasta tanto el órgano electoral publique las actas que tiene y sean cotejadas con las de la oposición. Por lo tanto, el proceso electoral todavía no ha concluido.

Es necesario hacer la salvedad -sin pretender dar lecciones a los notables intelectuales y estadistas que forman parte de la OEA y que presiden otras naciones- y no dejar en el tintero lo que la historia ha demostrado que genera exacerbar las tensiones en momentos de crisis interna: si algo se ha repetido en innumerables ocasiones es que las imposiciones foráneas (o percibidas como tal) tienden a alimentar los sentimientos nacionalistas y a fortalecer la posición de aquellos que defienden al que controla el poder, y lastimosamente, a sus autócratas. Es precisamente en estos momentos cuando se debe actuar con mayor cautela y sensatez, procurando soluciones que emanen del propio país afectado, utilizando sus mecanismos institucionales y consensuados entre sus actores. Solo así se puede evitar la radicalización de posturas y la promoción de una salida democrática y pacífica a la crisis.

El proyecto de resolución propuesto por la OEA pone de manifiesto la delgada línea que existe entre defender la democracia protegiendo la soberanía popular y la participación desvergonzada en un intento light o sutil de interferencia política extranjera: las intenciones más nobles, manejadas desvirtuando el utilitarismo político, acarrean consecuencias indeseadas y comúnmente abominables. La OEA, como organización multilateral, debe asegurarse de que sus resoluciones reflejen no solo el consenso de sus Estados miembros, sino que no aparenten ser impulsadas por la agenda de un solo país o una corriente ideológica, o en contra de un «sospechoso habitual», por aquello de la mujer del César.

Lejos de apelar ahora a intercambiar la decisión soberana del pueblo venezolano por una suerte de «guerra de actas», la única posición sensata es que si lo sucedido el domingo se va a considerar un fraude electoral, no puede pretenderse que sea desmontado con retórica triunfalista ni con declaraciones insolentes por parte de líderes de la región en dirección al reconocimiento electoral de la oposición: debe enfrentarse mediante el uso de mecanismos institucionales, democráticos y legales. La única posición sensata, democrática, legal y provechosa para los venezolanos, es la de solicitarle a su gobierno que permita un escrutinio de las actas que sea transparente, público, con veeduría estricta y con fiscalización abierta.

Finalmente, y queriendo lo mejor para el pueblo venezolano, no es digno, honesto ni respetable intentar arrebatarle la victoria al que la obtuvo con su favor. Parafraseando lo dicho por Dilma Rousseff en el año 2016 en contexto del juicio político en su contra, no se puede intentar derrocar un gobierno -simpaticemos por él o no- que llegó allí a través de las urnas por uno que no obtuvo los votos necesarios, eso es intrínseco a la democracia. Permitir que las instituciones democráticas de Venezuela funcionen y que se apliquen rigurosamente las leyes electorales para garantizar la integridad del proceso, no es una petición antojadiza, imprudente o fastidiosa, es un imperativo democrático. Solo a través del fortalecimiento del Estado de derecho y el respeto a los procedimientos legales y electorales se puede asegurar que la voluntad del pueblo venezolano prevalezca, que se restablezca la confianza en el sistema democrático y que no se repita este escenario en el futuro.

Luis Decamps Blanco